En esta Comisión Nacional reconocemos que la desaparición forzada de personas es una violación grave a los derechos humanos y que ha sido una fuente de dolor colectivo durante muchos años. Desde 2019, con el inicio de la gestión de la presidenta Mtra. Rosario Piedra Ibarra, en la CNDH trabajamos todos los días para generar acciones en contra de esta violación a los derechos, para acompañar a las víctimas e impulsar atenciones adecuadas por parte de las autoridades. El liderazgo de este Organismo Nacional vivió de cerca las atrocidades de la violencia política en una época donde la desaparición de personas era dirigida desde las más altas esferas del poder, y es a partir de esa sensibilidad histórica, política y humanista que se define la labor de esta Comisión Nacional respecto a las desapariciones en México.
La revista Perspectiva Global (PG) es una publicación mensual cuyo contenido es planeado a partir de un eje temático basado en las fechas relevantes nacionales e internacionales del mes. Teniendo como objetivo la construcción de una cultura de paz y de derechos humanos manteniendo cercana e informada a la población, brindando las herramientas necesarias que les permitan conocer sus derechos humanos y la forma de ejercerlos.
La CNDH solicitó a la Fiscalía General del Estado de Tabasco que gestione la reparación integral del daño a las víctimas, en la cual se incluya la medida de compensación y atención psicológica y/o psiquiátrica, entre otras peticiones dirigidas a esa autoridad y a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), las cuales constan en la Recomendación por violaciones graves a los derechos humanos 192VG/2025.
Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos a la integridad y seguridad personal y al trato digno por actos de tortura en agravio de QV1, QV2 y QV3; hechos atribuibles a elementos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y de la entonces Policía Federal.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) recibió la Recomendación 190VG/2025 ante las violaciones graves a los derechos humanos de una persona, torturada por elementos de la extinta Policía Federal (PF) en 2015, por lo cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó la reparación integral del daño.
