La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 93VG/2023 a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y al comandante de la Guardia Nacional (GN), David Córdova Campos, por violaciones graves a los derechos humanos por actos de tortura infligidos en contra de una víctima en Salamanca, Guanajuato.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) con la colaboración de la Dirección General de Supervisión de la Progresividad, publicaron el Informe Diagnóstico sobre armonización legislativa en materia de prevención, investigación y sanción de la tortura que, entre los hallazgos más relevantes, identifica que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en 2019, reconoció que, en términos generales, la Ley General se encuentra en armonía con los estándares internacionales, sin embargo, la descripción de la conducta delictiva no contemplaba los actos de tortura cometidos con el fin o propósito de obtener información o una confesión de un tercero, ni aquellos dirigidos a intimidar o coaccionar a otras personas distintas de la víctima.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 91VG/2023 a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez; al comisario general de la Guardia Nacional (GN), David Córdova Campos, y la fiscal general del estado de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, por violaciones graves a los derechos humanos a la integridad personal y al trato digno por actos de tortura en agravio de una víctima, atribuibles a elementos de la GN y de la Fiscalía estatal en Chilpancingo, Guerrero.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigió la Recomendación 90VG/2023, a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, por violaciones graves a los derechos humanos a la integridad personal y al trato digno por actos de tortura, ejercidos en contra de una persona detenida la madrugada del 25 de agosto de 2015, por parte de siete elementos adscritos a la desaparecida Policía Federal (PF).
Sobre el caso de violaciones graves a derechos humanos a la integridad personal y al trato digno, por actos de tortura en agravio de V por elementos de la Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado de Guerrero, en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos a la integridad personal y al trato digno por actos de tortura en agravio de V, atribuibles a personal de la entonces Policía Federal.
Sobre el caso de violaciones graves a derechos humanos a la integridad personal y al trato digno, por actos de tortura en agravio de V1y actos de tortura y violencia sexual en agravio de V2, por parte de elementos de la Secretaría de Marina en Poza Rica, Veracruz.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 88VG/2023 al gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y a la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, por violaciones graves a los derechos humanos de seis personas que fueron detenidas arbitrariamente, cuatro de las cuales sufrieron actos constitutivos de tortura, a manos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General, en el municipio de Río Blanco.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 87VG/2023 a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, derivada de violaciones graves a los derechos humanos a la integridad personal y al trato digno, por actos de tortura, en agravio de una víctima, atribuibles a elementos de la entonces Policía Federal (PF), ocurridos en Chilpancingo, Guerrero.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 86VG/2023 a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, por violaciones graves a los derechos humanos a la integridad personal y al trato digno por actos de tortura, así como a la libertad personal, seguridad jurídica y legalidad por retención ilegal en agravio de una víctima, atribuibles a dos elementos de la entonces Policía Federal (PF) en Morelia, Michoacán. La víctima fue detenida en calles de Morelia, Michoacán, y tras ser sometida a actos de tortura que dejaron lesiones permanentes en ambos brazos y una de sus piernas, además de daño psicológico, fue obligada a declararse culpable de varios delitos.
