El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) emitió los Informes de Seguimiento ISP-05/2018 y ISP-9/2018, por la persistencia de irregularidades en los Centros de Reinserción Social de Baja California y Puebla, respectivamente, que constituyen factores de riesgo en materia de maltrato y tortura contra las personas privadas de la libertad.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la libertad, seguridad personal y legalidad por la retención ilegal de V1, V2 y V3, y a la integridad personal por actos de tortura en agravio de V2, atribuibles a servidores públicos de la entonces secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 63/2019 al Presidente Municipal de Tlapa de Comonfort, Dionicio Merced Pichardo García, por actos de tortura y violencia sexual en agravio de una persona defensora de derechos humanos, atribuibles a mujeres integrantes de la Policía Municipal, y al Fiscal General del Estado de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, por la inadecuada atención de los hechos vulnerando los derechos humanos a la integridad personal, acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, a la privacidad y a vivir una vida libre de violencia.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) emitió el Informe Especial 1/2019, el Informe Especial 2/2019 y el Informe de Seguimiento ISP-6/2018, por irregularidades en centros de detención que pudieran derivar en tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, e incluso tortura, contra las personas privadas de la libertad.
El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que las pruebas obtenidas bajo tortura no pueden ser aceptadas o consideradas válidas bajo ningún concepto. Sin embargo, si una persona fue torturada por las autoridades no es causa que elimine, exima o dispense las responsabilidades en que incurrió por los delitos cometidos, al acreditarse con otras evidencias no contaminadas por dicho acto reprobable de tortura. Si dentro de una investigación se determina la invalidez de una prueba o información obtenida mediante tortura, no puede implicar que todas las demás pruebas válidas y lícitas se desechen.
Los Organismos Públicos de Derechos Humanos de México y de Argentina formarán alianza estratégica para trabajar en acciones conjuntas en materia de defensa, promoción y protección de derechos humanos, en temas de tortura, infancia, migración y cumplimiento de los objetivos y metas de la Agenda 2030. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos de México (FMOPDH) y la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) sumarán esfuerzos en acciones concretas en la región.
Al participar en el Encuentro Binacional de Organismos Públicos de Derechos Humanos Argentina-México, el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, dijo que este encuentro permitirá fortalecer las tareas en temas como migración, niñez, prevención de la tortura y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y trazar una hoja de ruta con estrategias para fortalecer la protección a los derechos humanos
En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas –30 de agosto—, este Organismo Constitucional Autónomo revela que no se han generado las condiciones para dar debida atención al problema.
Más de 3,000 fosas clandestinas localizadas en el país, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda.
La CNDH celebra la instrucción del Ejecutivo federal de aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para recibir y examinar comunicaciones individuales
El 26 de marzo de 2019, el MNPT realizó una visita al Centro de Justicia de Valle de Chalco con el objetivo el verificar la situación en la que se encontraban las personas detenidas en la Agencia, todo ello derivado de una nota periodística del periódico La Prensa que detallaba "RÁFAGA ¿Torturan en Centro de Justicia de Valle de Chalco?”. Se identificaron factores de riesgo sobre el suministro de alimentos a los detenidos, carencia de personal femenino para la custodia de mujeres privadas de la libertad.
