La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reiteró el exhorto a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, al Gobernador de Guerrero, al Director General y al Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Integral de la Familia (DIF) de esa entidad federativa, a implementar medidas para salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA), y evitar su participación en las policías comunitarias, garantizando su integridad personal con base en los principios del interés superior de la niñez y la adolescencia.
CNDH exhorta y hace un llamado urgente a las autoridades federales competentes para que atiendan las solicitudes y brinden protección, seguridad y defensa, amplia e inmediata, a las personas habitantes de las comunidades ejidales de Ciénega de Puerto Alegre, en el Municipio de San Miguel Totolapan y de Guajes de Ayala, en el Municipio de Coyuca de Catalán, por los hechos críticos y la situación de violencia que están viviendo. También exhorta al gobierno de Guerrero, a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado para que, sin demora, realicen todas las investigaciones necesarias que conduzcan al esclarecimiento de los hechos y se dé castigo a las y los responsables.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) presentó una queja y la denuncia correspondiente en contra de personal de la Fiscalía General del estado de Guerrero (FGE) por impedir el acceso a lugares de privación de la libertad y obstaculizar así sus labores durante una visita de observación realizada el pasado 14 de abril.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, al presidente municipal de San Miguel Totolapan, Juan Miguel Acosta, y a la Fiscalía General del estado, para salvaguardar la seguridad, integridad física y vida de la familia del señor Carlos Marqués Oyorzábal, defensor ambientalista y Comisario municipal del poblado Las Conchitas, asesinado el pasado 3 de abril.
A cerca de siete años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, persiste la impunidad y la falta de acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas. Sus madres y padres mantienen la presencia del dolor de no saber el paradero de sus hijos. El pueblo de México no puede condescender con la injusticia crónica y la ausencia de verdad.
Por violentar el derecho humano a una vivienda adecuada en agravio de familias damnificadas por el huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”, a las que se entregó 71 viviendas de alto riesgo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 89/2020 a Román Guillermo Meyer Falcón, Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
