La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) celebra la aprobación en la Cámara de Diputados, en lo general y particular, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, toda vez que, tras realizar un análisis de éste, puede dar fe de que contiene políticas presupuestarias que se ciñen plenamente a un enfoque social y de respeto a los derechos humanos de la población.
Ante la petición enviada por familiares de víctimas reconocidas en las recomendaciones 122VG/2023 y 127VG/2023 sobre el llamado “Caso Wallace”, en la que solicitan de manera formal “le sea retirado el Premio Nacional [de Derechos Humanos] a Isabel Miranda Torres, como medida de satisfacción, la CNDH aclara que coincide con las personas agraviadas, reconoce que el Premio Nacional de Derechos Humanos ha sido entregado a personas de enorme valía y aportaciones a la defensa y promoción de los derechos humanos, que lo enaltecen, pero también fue usado, como en este caso, como un instrumento para intentar legitimar a personajes e instituciones serviles a las autoridades y los gobiernos en turno, que lo denigran, sin embargo no cuenta con herramientas ni mecanismos legales que le permitan dar marcha atrás en el otorgamiento de dicho galardón.
Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha tomado debida nota de la información dada a conocer en los últimos días, en las que se establece la intención de revisar los presupuestos de los Órganos Autónomos, y en su caso realizar ajustes presupuestales con el objeto de creación de un fondo para la reconstrucción de Acapulco; frente a lo cual se hace necesario hacer los siguientes posicionamientos:
Ante la decisión de seis exintegrantes del Consejo Consultivo de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de renunciar a los cargos honoríficos que les fueron conferidos por el Senado de la República, y la emisión de una carta en la que desinforman y mienten respecto a las razones que supuestamente motivaron su decisión, es preciso para esta Comisión Nacional responder a cada uno de sus infundios, y mostrar al pueblo de México la realidad de quienes, incumpliendo sus responsabilidades, sólo han hecho una labor obstruccionista al trabajo que venimos desempeñando, en defensa de los derechos del pueblo.
En respuesta a los señalamientos y acusaciones hechos por la C. Isabel Miranda en diversos medios y redes sociales con relación a la emisión de la Recomendación 127VG/2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se ve en la necesidad de realizar las siguientes precisiones:
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresa su beneplácito por el resultado de la votación realizada la tarde de este 11 de octubre en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la que, con 395 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprobó la adición de la fracción XIII bis al artículo 6 de la Ley de la CNDH y, con ello, se otorgan atribuciones para este organismo público pueda promover una cultura de paz en el país.
En el marco de la conmemoración del “Día Mundial de la Salud Mental”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hace un respetuoso exhorto a los diversos poderes que conforman al Estado mexicano, así como a instituciones de salud mental del país, a fin de crear las condiciones óptimas para el tratamiento y la atención de las personas que viven con alguna discapacidad psicosocial para evitar actos de violencia en su contra y, por el contrario, lograr su plena integración a la vida social del país, con absoluto respeto de su autonomía, mediante la creación de políticas públicas que ayuden a su desarrollo personal, familiar y profesional, resguardando en todo momento su dignidad y el pleno respeto de sus derechos humanos.
Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha tomado nota de la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que declaró inválida la sentencia de 45 años de prisión que Mario Aburto Martínez recibió en diciembre de 1994, y determinó que se emita una resolución, en la que se determine una nueva pena por el delito por el que fue imputado. Considera que se trata de un paso más para lograr la verdad y la justicia en un caso que, como quedó asentado en la Recomendación 48VG/2021, está plagado de irregularidades, omisiones, encubrimientos y que, tarde o temprano, deberán ser plenamente esclarecidos.
En virtud de la nota difundida por la organización internacional Artículo 19, y las declaraciones vertidas en el programa Astillero Informa por ALDP, en relación con la queja que presentó ésta última junto con MD, MT, y otras personas más ante esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del personal vinculado a la integración de una Averiguación Previa en la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, se hacen las siguientes precisiones:
